El Gobierno de España presentó la pasada semana el informe de los bienes inmatriculados por la Iglesia en toda España entre 1998 y 2015 al Consejo de Ministros. En 2017 se aprobó una proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para instar al gobierno a realizar este informe. Su publicación ha tardado cuatro años en realizarse por la dificultad en la elaboración del mismo. El informe muestra que hay un total de 34 961 propiedades inmatriculadas de las cuales aproximadamente 20 mil son templos.
En San Sebastián de los Reyes, hay cuatro propiedades de las casi 35 mil que presenta el informe. Dos de estas propiedades, son templos. Es decir, dos iglesias. Otra de las propiedades es una casa parroquial, mientras que la última es una parcela. Las cuatro propiedades fueron inmatriculadas mediante un certificado eclesiástico. El Gobierno ha realizado este informe con el fin de esclarecer qué propiedades son realmente de la Iglesia y cuáles no. Se estudiarán los tipos de certificados que acreditan supuestamente la propiedad.
Origen de la inmatriculación de los bienes de la Iglesia
Para entender el porqué el Gobierno ha querido realizar este informe hay que tener en cuenta el origen y el recorrido histórico de la inmatriculación de la propiedad por parte de la Iglesia. La inmatriculación de las propiedades de la Iglesia, tiene como origen una Ley Franquista. La Iglesia podía argumentar que una propiedad era suya porque la propia religión y los feligreses le habían otorgado el derecho de custodiar estas propiedades. En resumidas cuentas, se podía adjudicar propiedades que tuviesen como fin ser un lugar de culto o tener una labor social dentro de la Iglesia. Más tarde, con la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por José María Aznar en 1998, se permitió a la Iglesia de igual modo la inmatriculación de bienes. Con un simple certificado eclesiástico podían acreditar que un edificio, parcela o terreno era de su propiedad.
Esta ley, se modificó en el año 2015 y, por eso, el informe abarca las propiedades inmatriculadas desde 1998 hasta el año 2015. Gracias a este listado de propiedades, se podrá comprobar si los certificados de la Iglesia son suficientes como para considerar que las propiedades son realmente suyas. Con el listado, como la propia vicepresidenta Carmen Calvo ha afirmado, «cualquier persona física o jurídica que considere que una de estas propiedades inmatriculadas le pertenece realmente a ella, podrá reclamarlo».
La inmatriculación de los bienes e inmuebles por parte de la Iglesia también les permitía tener ventajas fiscales como la de no pagar el IBI (Impuesto de Bienes e Inmuebles), aún siendo propiedades que no tenían como fin el rendir culto o llevar a cabo una labor social. Por este motivo, también se está analizando si estas propiedades realmente están siendo utilizadas para rendir culto o llevar a cabo una labor social y no lucrativa. De momento, el análisis de los certificados se están llevando a cabo por parte del Gobierno y la lista de todos los bienes se puede consultar aquí.