Este martes hay reunión de portavoces para tratar como será la Comisión de Investigación sobre la cesión de terrenos municipales a APADIS. Los líderes de los grupos municipales de San Sebastián de los Reyes tratarán de llegar a un acuerdo a las 11:30 horas para reglar este asunto. Se trata de una primera toma de contacto, ya que falta saber cuando arrancará oficialmente ya con las normas puestas.
También la Comisión servirá para dilucidar el motivo por el cual el Ayuntamiento solicita, acorde a la Ley, el canon a esta asociación. Así se votó en el pleno municipal del pasado jueves con el «Sí» de PSOE, Ciudadanos (grupo que llevó la propuesta) y Vox. Todo ello junto con la abstención del concejal no adscrito, Ismael García Ruíz. El resto de formaciones votaron en contra.
¿A qué se debe esto?
Recordemos que este asunto se debe a que el consistorio le reclama por la vía judicial a APADIS 375.000 euros, correspondientes al canon de los últimos cinco años por el uso de la gasolinera que se encuentra muy cerca del hospital Infanta Sofía, en la cual APADIS hace una labor de inserción laboral en el proyecto «Surtidor de Oportunidades». Hasta el momento 70 personas con discapacidad se han formado en un empleo a través de este aprendizaje y prácticas. Además se han creado 10 empleos fijos cada año gracias a esta iniciativa social.
¿De dónde procede ese canon? Todo parte de 1996, momento en el que el ayuntamiento de Sanse y APADIS acordaron el uso de esa parcela municipal por 75 años con el objetivo de esa inclusión laboral en la gasolinera. Normalmente ese canon suele ser un pago económico, pero según APADIS, «se acordó que estaba suficientemente pagado por la contribución de APADIS a las personas con discapacidad intelectual de la zona», aseguran desde esta asociación.
El problema de ello es que falta la firma del convenio, ya que fue un acuerdo de palabra. En 2012 hubo borradores de ese acuerdo, pero no se materializó. Es decir, faltan gestiones legales.
La Comisión no será pública
Respecto a la Comisión de Investigación poco se sabe todavía. Solo que tendrá que tener una duración máxima de 15 días, como marca la ley y que deberán estar presentes el interventor municipal, el titular de la asesoría jurídica, el tesorero municipal, la secretaria de la Junta de Gobierno y los portavoces de los grupos políticos. Además, lamentablemente, no será pública. Es decir, Canal Norte TV no retransmitirá este evento importante para la localidad y el resto de medios de comunicación no podremos estar presentes en directo para contar que sucede.
