Más Madrid – IU – EQUO quiere evitar «el maltrato a personas vulnerables por parte de los bancos». Así lo describe en el texto que presentará este jueves en el Pleno Municipal de San Sebastián de los Reyes, vía moción. La formación argumenta que «la Banca no para de aumentar los beneficios año tras año lo que no les impide cerrar sucursales, despedir personal y reducir el horario de atención al público. Llegando así a un deterioro en la prestación y la calidad de los servicios bancarios presenciales».
Además expresa que «estamos ante una situación de maltrato a los colectivos más vulnerables entre los que se encuentran personas de avanzada edad y personas con diversidad funcional, en definitiva, a la población en general que ven sus derechos vulnerados por la falta de una atención específica necesaria para realizar sus operaciones de forma adecuada y segura».
Por ello, pide la intervención del ayuntamiento de Sanse para realizar una serie de medidas con el objetivo de que las entidades financieras faciliten el acceso a los servicios financieros básicos a la población incluyendo en ello la atención personalizada ante las dificultades de diferentes grupos vulnerables:
- Modificar la ordenanza fiscal reguladora de las tasas de utilización privativa.
- Instar a que las oficinas bancarias cumplan con el Real Decreto164/2016de 22 de marzo que establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas.
- Instar a que las oficinas bancarias de nuestro municipio ofrezcan productos transparentes y comprensibles
- Cajeros automáticos adaptados a las personas con diversidad funcional
- Reparto en centros de mayores, y en las distintas dependencias municipales de la localidad un folleto informativo sobre la existencia, requisitos, condiciones, etc. de «las Cuentas de Pago Básicas»
En palabras del portavoz de la coalición Javier Heras, «vemos como las entidades bancarias por si mismas no son capaces de encontrar e implementar iniciativas que puedan satisfacer los criterios y valores de la Responsabilidad Social. Habrán de ser las administraciones públicas, como garantes de los derechos de la ciudadanía y en su representación, quienes aseguren y asuman estos compromisos de manera regular», concluye.
