Tras un prolongado proceso legal, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a Izquierda Independiente en su oposición al proyecto de construcción de un cementerio y crematorio privado de PARCESA en San Sebastián de los Reyes. La decisión judicial confirma la vulneración de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y cuestiona la legalidad de la aprobación del proyecto por parte del gobierno municipal anterior, compuesto por PSOE y Ciudadanos.
El proyecto, autorizado en febrero de 2021 por la Junta de Gobierno Local, liderada por el PSOE y Ciudadanos, generó controversia al ubicarse en el «Sotillo», cerca de áreas residenciales como Dehesa Vieja, La Granjilla y Fuente Fresno. Izquierda Independiente, como único partido que se opuso al proyecto, presentó un recurso que ha resultado exitoso con la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El fallo judicial respalda la posición de Izquierda Independiente y subraya la incorrecta interpretación de la legalidad en los informes municipales que respaldaron la aprobación inicial del proyecto. Además, la Comunidad de Madrid ya había declarado previamente que el proyecto no cumplía con la legislación vigente.
Ahora, Izquierda Independiente solicita la creación de una Comisión de Investigación en el Pleno municipal para esclarecer las posibles irregularidades cometidas en la aprobación del proyecto y la intención de perdonar más de un millón de euros a la empresa PARCESA. La falta de información sobre reuniones y acuerdos entre el gobierno municipal y la empresa, así como los participantes en estas negociaciones, sigue siendo motivo de preocupación para Izquierda Independiente.
Juan Torres, concejal y portavoz de Izquierda Independiente, cree que hay muchas cosas que deben ser aclaradas. Para él, San Sebastián de los Reyes debe dejar atrás el caciquismo y amiguismo que ha imperado estos últimos años y por todo ello opina que es fundamental que salga adelante la Comisión de Investigación.
En palabras del portavoz: “Es sorprendente que después de que la Comunidad de Madrid rechazase el proyecto, el anterior alcalde del PSOE trasladase al Pleno la responsabilidad de autorizar o no la construcción de estas instalaciones funerarias, cuando había sido precisamente la Junta de Gobierno, que él presidía, la única responsable de ello. Además, a pesar de conocer su ilegalidad y la preocupación vecinal, permitió continuar al proyecto. Tampoco sabemos si se dio alguna indicación a los técnicos municipales que elaboraron los informes favorables que luego modificaron, y quién autorizó el controvertido publirreportaje.
