El estatus legal del circuito de velocidad del Jarama ha sido nuevamente cuestionado por una sentencia judicial. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid ha invalidado la estrategia implementada por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en 2022 para legalizar el recinto. En ese momento, el gobierno local estaba en manos de una coalición entre PSOE y Ciudadanos.
El fallo judicial subraya que el circuito del Jarama, inaugurado en 1967, nunca ha contado con una licencia de actividad, la cual requiere un informe de impacto ambiental que no existe. Los vecinos, afectados por el ruido desde hace años, han estado activos en la lucha contra las operaciones del circuito, que actualmente sigue siendo sede de eventos de automovilismo y actividades empresariales y de ocio, aunque ya no alberga las competiciones más importantes. Desde Diario de Sanse hemos informado en varias ocasiones de estas quejas vecinales.
En 2022, con rumores de que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso apoyaba el retorno de la Fórmula 1 a Madrid, la junta de gobierno municipal aprobó un acuerdo considerando otorgada la licencia por silencio administrativo. Este acuerdo fue recurrido por un grupo de vecinos y por el partido Izquierda Independiente de San Sebastián de los Reyes, siendo este último el único en cuestionar abiertamente la maniobra.
La reciente sentencia establece que el paso del tiempo no legitima una actividad sin licencia y que la actividad del circuito, al estar clasificada, requiere un informe ambiental previo.
La sentencia, que aún no es firme, responsabiliza tanto al Ayuntamiento como al Real Automóvil Club de España (RACE), propietario de la pista, y sugiere que la falta de licencia debe resultar en la clausura de la actividad. Un portavoz de RACE ha indicado que recurrirán la decisión, aunque aún no han presentado el escrito. Según eldiario.es, el Ayuntamiento, ahora bajo el gobierno del PP tras las elecciones de 2023, está evaluando la sentencia y no ha confirmado si también la recurrirá.
Este fallo judicial pone en peligro las aspiraciones del circuito de Jarama de albergar grandes premios y amenaza su actividad actual, reflejando la necesidad de que las administraciones locales y los propietarios cumplan con las normativas ambientales y de licencias vigentes.
