El Gobierno municipal de San Sebastián de los Reyes, liderado por el Partido Popular, llevará al próximo Pleno una propuesta para incrementar las retribuciones de los concejales sin dedicación exclusiva. El objetivo, según fuentes del Ejecutivo local, es “dignificar su labor” y compensar su participación en comisiones y órganos colegiados del Ayuntamiento.
La medida contempla el pago de 100 euros por asistencia a comisiones permanentes, hasta un máximo de 300 euros al mes, y la retribución del 8,5% del sueldo de la alcaldesa por asistir a plenos extraordinarios, una cuantía que se sumaría al 17% ya existente por asistir a plenos ordinarios.
Desde la oposición, Izquierda Independiente ha mostrado un rechazo frontal a la propuesta. Su portavoz, Juan Torres, ha calificado la medida como “una recompensa” a los concejales no adscritos Amparo Ortega y José Luis Trébollé, exmiembros de Vox, a quienes la oposición se refiere como “tránsfugas”.
Ambos ediles han apoyado al Gobierno del PP en votaciones clave, como la cesión de suelo municipal para el Plan VIVE de la Comunidad de Madrid y su reciente incorporación al Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda. Para Torres, “el PP necesita sus votos para mantener su mayoría, y ahora les devuelve el favor con dinero público”.
Desde el Ejecutivo local rechazan estas acusaciones y recuerdan que la medida afectará también a ediles de la oposición, incluido Izquierda Independiente. Argumentan que el pago de dietas por asistencia a órganos colegiados está contemplado en la legislación estatal y es práctica habitual en municipios de tamaño similar.
El comunicado del equipo de gobierno defiende que la iniciativa busca “dignificar la labor de todos los miembros de la corporación”, y subraya que el proceso para aplicarla comenzó hace meses a raíz de un ruego presentado por el portavoz del PSOE, Narciso Romero, en febrero de 2024.
Izquierda Independiente ha anunciado que votará en contra y renunciará al cobro de estas nuevas retribuciones si se aprueban, al considerar que “no se puede aumentar el gasto político mientras se recortan ayudas a entidades sociales y deportivas como APADIS o la Unión Ciclista”.
