El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha presentado este miércoles 9 de diciembre el Punto de Encuentro Familiar, un servicio que sirve para normalizar las relaciones familiares, especialmente entre personas menores de edad y los miembros de la familia con quienes no conviven.
Su fin es favorecer el derecho de los y las menores a relacionarse con sus progenitores. Estará situado en el Centro Municipal de Servicios (Avda. Federico García Lorca s/n (Urb. Rosa Luxemburgo).
Al acto han acudido el consejero de Políticas Sociales, Natalidad, Familia e Igualdad de la Comunidad de Madrid, Javier Luengo; el Alcalde de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero; el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero; la concejala de Bienestar y Protección Social, Margarita Fernández de Marcos y la Directora de Familias, Infancia y Natalidad, Ana Sastre.
Este Punto de Encuentro Familiar será la referencia en la zona norte de Madrid, tras el cierre del de Tres Cantos. Además de este nuevo de nuestra localidad hay otros tres en Alcorcón – Móstoles, Majadahonda – Las Rozas y Madrid capital. Se espera, según el consistorio, que asistan entre 200 y 300 familias de Sanse y alrededores.
Creará varios puestos de trabajo y tiene un coste de 16.000 euros
Muy importante es también que creará puestos de trabajo, aún sin determinar, para trabajadores sociales, psicólogos y educadores, bajo el apoyo de Delegación de Bienestar y Protección Social de San Sebastián de los Reyes.
¿Cuánto cuesta este servicio? Según Margarita Fernández de Marcos, concejala de Bienestar y Protección Social, en declaraciones a Diario de Sanse, «la construcción del centro han sido 11.000 euros y otros 5.000 se han utilizado para los mobiliarios».
Por último, a nivel de instalaciones, el Punto de Encuentro Familiar consta de dos espacios: el primero una estancia destinada a la entrega y recogida de los menores en el caso de que los progenitores custodios no puedan mantener contacto por razones como las medidas de alejamiento. En segundo lugar, en las que estarán las visitas tuteladas por orden judicial, que necesitan ser supervisadas por profesionales de la infancia.
