En España, unos cuatro millones de personas tienen algún tipo de limitación importante para realizar las actividades de la vida diaria. Eso significa que en el 20% de los hogares españoles hay una o varias personas con discapacidad o en una situación de dependencia que requiere cuidados. En la inmensa mayoría de los casos, la persona que presta esos cuidados es una mujer de entre 45 y 64 años, familiar y que lo hace sin remuneración alguna.
La realidad es que las administraciones públicas tanto locales, autonómicas o estatales, han dejado de lado su obligación de apoyar la inclusión y de cumplir con su responsabilidad con las personas dependientes. Es decir, pese a lo escrito en el art. 14 de la Constitución, en que se “prohíbe cualquier discriminación” o en el art. 49 que “exige a los poderes públicos para que realicen una política de integración”, nuestro país ha dejado en manos de la familia y de organizaciones sociales, mayormente privadas, el cuidado de estas personas.
Desde 1978 ninguna administración ha sido capaz de poner en marcha una amplia red pública de apoyo ni instalaciones al servicio de las personas con diversidad funcional. Esto ha supuesto que sean las familias las que se tengan que unir para crear asociaciones o fundaciones y así poner en marcha centros de atención, viviendas y residencias, servicios de apoyo, terapias de atención temprana, empresas o centros de empleo para dar trabajo a las personas discapacitadas, etc.
Por suerte, nuestra sociedad sí ha avanzado en protección e inclusión de las personas con discapacidad. Pese a ello, muchas necesidades de las familias siguen sin obtener solución desde lo público. Hace unos días una familia de Tempranales, con un niño con Trastorno del Espectro Autista, me comentaba el calvario que están pasando para que a su hijo le proporcionen una atención adecuada en un colegio público de Sanse, ya que únicamente tiene una hora a la semana de terapeuta en horario escolar.
Es sabido que la Comunidad de Madrid no tiene interés en ampliar los servicios de atención a la diversidad dentro de la escuela pública. Prefiere que las familias tengan que ir a profesionales privados. Eso supone que los Servicios de Atención temprana públicos, que tan buen trabajo hacen, estén saturados, con pocos recursos personales y largas listas de espera. Esta familia me confesaba con amargura que, pese a tener un trabajo estable, no podían seguir pagando la atención que su hijo necesita en servicios privados y que desde los Servicios municipales no les daban ninguna solución ni atención alternativa. Tiene que ser muy duro tener que decidir si pagar la vivienda o pagar la atención profesional que necesita tu hijo o hija.
Una situación parecida padecen muchas personas de avanzada edad, que necesitan cuidados y que tardan años en que se los concedan desde lo público. La dejadez y la apuesta por la privatización, en este caso de la Comunidad de Madrid, en no proporcionar unos cuidados de calidad a nuestros mayores es algo que tendría que avergonzarnos como sociedad.
En San Sebastián de los Reyes tenemos un claro ejemplo de la valentía y esfuerzo de las familias para dar a sus seres queridos la atención que merecen y necesitan: la Asociación APADIS, que se tuvo que crear porque no conseguían las ayudas públicas necesarias.
APADIS ha sido capaz de crear una red de protección y oportunidades sociales y de empleo como pocas en España. Presta servicios y apoyo como los de Atención Temprana, residencias o centros de empleo, algo que ni el ayuntamiento, ni la comunidad, ni el estado son capaces de promover.
Por eso para Izquierda Independiente es doloroso, vergonzoso e injusto que el actual gobierno del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, de PSOE y Ciudadanos, haya iniciado una persecución y campaña de desprestigio contra esta organización e incluso estén dispuestos a demandarles judicialmente.
Hace más de 25 años nuestro Ayuntamiento, por unanimidad de todos los partidos, decidió apoyar los proyectos de APADIS cediendo un solar para un proyecto empresarial: “El surtidor de oportunidades”, cuyo coste sería compensado con el valor que APADIS proporcionaba al municipio. Este proyecto lleva funcionando varias décadas dando trabajo a personas con discapacidad que en otras condiciones tendrían muchas dificultades para incorporarse a la vida laboral. Lo que históricamente el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha proporcionado a APADIS o a otras organizaciones no ha sido por caridad ni beneficencia, sino por puro interés.
Sin embargo, el alcalde socialista, el Sr. Narciso Romero, y su teniente de alcalde, el Sr. Miguel Ángel Martín Perdiguero, en vez de solucionar cualquier duda o problema que hubiera, o simplemente elaborar el convenio necesario para aclarar la situación, han decidido enfrentarse y poner en un aprieto económico a APADIS, poniendo en peligro no solo el trabajo de las personas, sino también la viabilidad futura de la fundación.
Las familias de APADIS, y de las otras organizaciones que trabajan por la inclusión o la familia de Tempranales y tantas otras de nuestro municipio con un menor con TEA, necesitan y merecen que el ayuntamiento cumpla la Constitución y dé los recursos necesarios. No que den discursos vacíos apoyando la misma y engalanando la fachada del consistorio. No se puede tapar con fiestas la pasividad y cobardía del alcalde para solucionar este conflicto que su propio gobierno ha creado con APADIS.
Ah, y cabe recordar que existe una concejalía de diversidad funcional que no ha abierto la boca con este problema… Está claro que algo tendremos que hacer para cambiar la realidad, mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas es nuestra obligación y nuestro deseo.
Juan Torres García
Concejal y candidato de Izquierda Independiente
