El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha ratificado en una audiencia previa la demanda contra la asociación APADIS, lo que aboca a esta entidad sin ánimo de lucro, con más de 40 años de trabajo en favor de las personas con discapacidad intelectual, a un juicio que podría poner en riesgo su viabilidad económica. APADIS denuncia que la reclamación del Ayuntamiento, de más de 400.000 euros por un canon de uso de un terreno cedido en 2005, es una deuda inexistente, ya que el convenio regulador se firmó finalmente en 2023.
Durante la campaña electoral, el actual equipo de gobierno, encabezado por Lucía Fernández (PP), criticó abiertamente la decisión del anterior gobierno de emprender acciones judiciales contra APADIS, comprometiéndose a resolver el conflicto si llegaba al poder. De hecho, en este mismo diario hay artículos de la actual alcaldesa opinando sobre este tema o mociones del PP pidiendo resolver el problema de la deuda. Sin embargo, tras acceder a la alcaldía, el equipo de Fernández ha decidido continuar con la demanda, ratificando la reclamación durante la audiencia previa del juicio, celebrada el 24 de septiembre.
El conflicto se originó en 2020, durante la pandemia de COVID-19, cuando el Ayuntamiento reclamó a APADIS el pago del canon por el uso del terreno sobre el que se ubica la Estación de Servicio Greemoil, una gasolinera que contrata a personas con discapacidad intelectual formadas por la asociación. Aunque APADIS había solicitado en varias ocasiones la firma del convenio regulador del terreno, este no se formalizó hasta 2023.
Según APADIS, el equipo de gobierno actual, en su acta de Junta de Gobierno de abril de 2024, reconoció que no deberían contabilizarse ingresos que estuvieran sometidos a condiciones, como es el caso del convenio de cesión. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, el Ayuntamiento ha mantenido la reclamación, lo que ha generado una sensación de traición en la asociación, que había confiado en las promesas del actual gobierno para buscar una solución dialogada.
APADIS advierte que, en caso de una sentencia negativa, la deuda podría llevar a la asociación a la bancarrota, poniendo en peligro la continuidad de más de 500 plazas públicas para personas con discapacidad intelectual que gestiona para la Comunidad de Madrid. La entidad insiste en la necesidad de buscar una solución consensuada y afirma que continuará trabajando por mantener el diálogo con el Ayuntamiento para evitar un desenlace que perjudique a las personas vulnerables a las que atiende.
